Foto: el terrorista de ETA Juan Ramón Carasatorre

El fiscal pide 30 años para el etarra Carasatorre por matar al policía Morcillo

Fuente: EFE
8 de septiembre de 2011

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de 30 años de prisión en el juicio al ex miembro del "comando Donosti" de ETA Juan Ramón Carasatorre por el asesinato del sargento de la policía municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo el 15 de diciembre de 1994 en Lasarte (Guipuzcoa).

Carasatorre, que se ha negado a declarar, está acusado de haber acabado con la vida del sargento Morcillo junto con sus compañeros de comando, el ex dirigente de la banda Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", y Valentín Lasarte, ambos condenados ya por estos hechos.

Este último, que ha comparecido como testigo, ha pedido disculpas a los familiares de Morcillo, presentes en la sala, que al oír al etarra han exclamado "¿Ahora?" y le han gritado que debería haberlo hecho antes.

Ataque de amnesia

El fiscal Carlos Bautista ha señalado en sus conclusiones que, aunque Lasarte haya negado hoy recordar a qué dos miembros de ETA trasladó a la localidad de residencia del sargento el día de los hechos, su "repentino ataque de amnesia" no niega la incriminación de "Txapote" y de Carasatorre, sino que la refuerza.

La Fiscalía considera que es indiferente si el que pegó un tiro al sargento Morcillo a menos de veinte centímetros fue "Txapote" o Carasatorre porque "ambos jurídicamente" fueron quienes le dispararon mientras Lasarte aguardaba en el coche.

Una vecina del sargento ha declarado en el juicio que vio cómo dos personas se acercaban a la víctima y huían después de que uno le disparase "por la espalda", mientras que una empleada de un supermercado cercano ha afirmado haber observado a dos individuos en la zona, uno de ellos con un arma en la mano izquierda.

Otro testigo ha afirmado haber visto a una persona corriendo después de escuchar un ruido que en ese momento no identificó como un disparo.

Los peritos que identificaron la correspondencia entre el casquillo encontrado a un metro del fallecido y un arma abandonada por los terroristas un año después de los hechos han señalado que la pistola fue utilizada en otros atentados de ETA, como el asesinato del concejal socialista Gregorio Ordóñez.

Las dos acusaciones particulares -la primera en representación de la viuda y de la Asociación Víctimas del Terrorismo y la segunda por parte de dos de los hijos del sargento y de Voces Contra el Terrorismo- se han adherido a la petición de cárcel del fiscal y han solicitado respectivamente una indemnización de 500.000 euros y otras dos de 300.000.

Por su parte, la defensa de Carasatorre ha pedido la libre absolución de su representado.