Foto: el presidente boliviano Evo Morales

Morales podrá incautar bienes bajo la excusa del terrorismo

Fuente: AP
21 de mayo de 2009

Morales y su gabinete aprobaron la norma el miércoles después que la policía desarticuló en abril a un grupo de supuestos mercenarios en la provincia de Santa Cruz que planeaba atentar contra la vida de Morales y organizar milicias para una acción separatista de esa región.
"No es un decreto dirigido específicamente contra los empresarios, sino contra todos aquellos ciudadanos que estuvieran involucrados en actividades dirigidas a socavar la unidad nacional o generar riesgos potenciales a la seguridad del Estado", dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa.
"Si encontramos a empresarios financiando actividades separatistas deben ser castigados, esperamos que ninguna persona apoye acciones separatistas", dijo más tarde Morales en un acto público.
El decreto autoriza a la fiscalía y a jueces a congelar fondos e incautar bienes aún antes de que los sospechosos fueran procesados y condenados. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Wilfredo Chávez, explicó que la norma se ajusta a la Constitución vigente desde enero, leyes nacionales y convenios internacionales.
Líderes opositores de Santa Cruz calificaron la disposición como una "barbaridad que busca instaurar un terrorismo de estado", según dijo el jefe de los legisladores de esa región Oscar Urenda.
El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, afirmó que el objetivo del gobierno es "amedrentar para que nadie haga oposición. El Ejecutivo no tiene atribuciones para fijar penas y no se puede castigar a sola sospecha y antes que haya un proceso", acotó.
El presidente de los empresarios de La Paz, Enrique García, declaró a la emisora Erbol que la norma crea un "clima de incertidumbre y amedrentamiento".
Un boliviano-húngaro, otro irlandés y un húngaro murieron el 16 de abril en una incursión policial a un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Otros dos están detenidos. El gobierno denunció que ese grupo comandado por el fallecido Eduardo Rozsa, boliviano-húngaro que combatió en Croacia, tenía planes de magnicidio y separatismo. La policía confiscó armas y explosivos.
El vicepresidente Alvaro García aseguró entonces que la organización tenía vinculaciones con algunos grupos empresariales y líderes de la rica provincia de Santa Cruz gobernada por un prefecto opositor a Morales.
Un fiscal anunció que convocará a declarar a líderes y empresarios presuntamente vinculados con el desbaratado grupo.